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Toma de tierras: ordenan el desalojo

8 de septiembre de 2020

Cerca de 2.500 familias se encuentran instaladas en los terrenos de Guernica.

En las últimas horas, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó el desalojo de las personas que se encuentran desde hace varios días tomando los terrenos de Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón. “El desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar y deberá ser en horario diurno y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”, especificó la resolución conocida este martes.

Luego, el documento determinó llevar a cabo “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”. Además, se indicó que “se podrá otorgar la facultad al señor Agente Fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública -de ser necesario- la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren”. Asimismo, se precisó que “deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”.

De este modo, los camaristas Raúl Dalto, Miriam Patricia Ermili y María Silvia Oyhamburu dieron lugar al fallo en primera instancia del juez Martín Miguel Rizzo, con asiento en Cañuelas, para que se avance con el desalojo del predio tal como había solicitado la firma Bellaco S.A., propietaria de uno de los terrenos afectados.

En la zona, más de mil personas se instalaron desde el 20 de julio con carpas y chozas ocupando alrededor de 100 hectáreas. A partir de tal fecha, la gente comenzó a llegar en mayor cantidad por lo que se estima que cerca de 2.500 familias estén viviendo allí. Dichas personas están asesoradas y representadas por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, colectivo que suele intervenir en causas populares.

La resolución también detalló que la cautelar “deberá llevarse a cabo atendiendo estrictamente las disposiciones pertinentes referidas a derechos humanos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.

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