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Unos servicios más acotados y con controles

8 de diciembre de 2019

El presidente adelantó que se trabaja en un cambio en la estructura de inteligencia. Se fortalecería la comisión bicameral y se prohibirían vínculos con la Justicia.

Una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reducida y profesional, con un control parlamentario más fuerte y con agentes especializados que definitivamente dejen de actuar como auxiliares de la justicia federal, una colaboración que terminó por deformar tanto el rol de los servicios como el de los jueces. Por ahí van los ejes de la reforma en la inteligencia estatal que planea Alberto Fernández. El presidente electo adelantó en la presentación del gabinete que ya tenía el nombre del futuro jefe de la AFI pero que estaban “decidiendo cómo encarar ese tema”, por lo que prefería mantenerlo en reserva hasta que estuviera listo el nuevo esquema, como es lógico dado lo complejo de la tarea.

Tan complejo es que Fernández recordó los hechos por los que Gustavo Beliz debió irse del país, allá en el primer tramo de la gestión de Néstor Kirchner, cuando ocupaba el ministerio de Seguridad. Aquella noche que Beliz mostró por televisión una imagen del espía Jaime Stiuso, por mucho tiempo hombre fuerte de la SIDE. Ya entonces, 15 años atrás, estaba en primer plano la reformulación de los servicios de inteligencia, cuyos tentáculos se expandieron hacia diversas direcciones durante el menemismo.

Hubo reformas. En marzo de 2015, Cristina Kirchner creó la AFI y le quitó las escuchas telefónicas por delitos, que pasó a la Procuración General. Mauricio Macri, a poco de asumir, le pasó la potestad a la Corte Suprema, que creó la dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom). El cambio de manos derivó en que la ejecución quedara de nuevo en manos de los servicios, con el consiguiente festival de difusión de escuchas ilegales a kirchneristas que ocurrió durante estos cuatro años.

Alberto Fernández planea unos servicios de inteligencia más acotados. Por ejemplo, los agregados de inteligencia en las embajadas pasarían a depender de la Cancillería, ya no de la AFI. Lo mismo con quienes se ocupan con temas de inteligencia criminal, que reportarían a Seguridad. Tanto así que en algún momento pasó por la cabeza del presidente la posibilidad de directamente eliminar la AFI, pero lo convencieron de que no era lo más conveniente. En cambio, sí establecer una dirección fuerte y competente que establezca una división clara entre lo que es el trabajo de inteligencia exterior -que se preocupen de cuidar los intereses estratégicos del país y amenazas externas- y los de inteligencia interior -que eviten que servicios de otros países operen aquí-. Y prohibir definitivamente que se sigan entrometiendo en temas policiales y judiciales, que no tienen nada que ver con lo que es la tarea de un servicio de inteligencia como los de los países desarrollados.

Supuestamente, a partir de la reforma de 2015 los espías tienen vedado actuar como auxiliares de la Justicia, pero son los propios jueces quienes se encargan de habilitarlos a través de un oficio. Esa labor policial da pie para la aparición de bandas de “inorgánicos”, con funciones que rozan lo delincuencial, como la que encabezaba el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Otro tema importante es el fortalecimiento de la comisión bicameral que hace seguimiento del trabajo de los servicios, a la manera de como funciona en países como Estados Unidos o Alemania, donde no son meros observadores sino que intervienen realmente en la dirección de las tareas de inteligencia.

En un punto, la reforma de inteligencia se emparenta con las previstas en materia de seguridad y de justicia. En verdad, las tres todavía están en elaboración, no hay nada concluido. Beliz le acercó al presidente electo una proyecto de reforma en seguridad que contempla la creación de un Consejo, a la manera del National Security Council norteamericano. Tendría representación de la oposición parlamentaria, de la sociedad civil y de funcionarios del interior del país y se encargaría de fijar las políticas en la materia, cuestión de evitar que de buenas a primeras un ministro proponga la doctrina Chocobar de asesinatos por la espalda o protocolos para reprimir.

Los cambios en seguridad incluirían además un reforma policial. Desde el traspaso de la mayoría de sus efectivos a la Policía de la Ciudad, la Policía Federal quedó en una especie de limbo, sin una jurisdicción territorial ni de funciones clara. Por eso, en lo que se trabaja es en transformarla en una policía de investigaciones, como existe en Chile y Brasil, aunque el ejemplo más famoso es el del FBI. La idea de la creación de un “FBI criollo” viene, justamente, desde la época de Beliz. Incluso Patricia Bullrich también lo expresó, pero no avanzó un paso. La reconfiguración de la Policía Federal en esa fuerza de investigación le daría el rol de auxiliar de jueces y fiscales, separando de una vez y para siempre a los servicios de esa tarea.

“Hay que desarrollar tanto la inteligencia criminal como la investigación criminal, que trabajen tanto en la prevención del crimen como en la dilucidación de los delitos. Eso es algo que hay que discutir y tiene que ver con lo que se haga en la AFI”, explicó sobre las futuras funciones policiales la antropóloga Sabina Frederic en una entrevista al portal Cosecha Roja cuando todavía no era la ministra de Seguridad sino la coordinadora del equipo de especialistas que trabajaba en la propuesta del Frente de Todos que ahora tiene en sus manos Alberto Fernández.

fuente: pagina12

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